A un año de la asunción de Rodrigo Paz como presidente de Bolivia, el país no logró salir de la crisis multidimensional que lo atraviesa. Según un análisis difundido este lunes, el mandatario controla apenas una parte del gobierno, mientras que el poder real continúa en manos de lo que el texto describe como un "narcoestado plurinacional". La evaluación sostiene que la estructura centralista, estatista y de corrupción con impunidad se mantiene sin cambios desde antes de su llegada al Ejecutivo.

El diagnóstico plantea que la crisis moral, económica, social, política y de seguridad se profundizó en los últimos doce meses. El argumento central es que el sistema heredado reemplazó el estado de derecho por prácticas de terrorismo de Estado, y que el nuevo gobierno no logró desmontarlo.

Un cambio de gobierno sin cambio de poder

La llegada de Paz al Ejecutivo se produjo tras las elecciones generales de 2025, en las que el Movimiento al Socialismo (MAS) sufrió una derrota. Ese resultado generó expectativas en sectores que votaron por una transformación. Sin embargo, el análisis afirma que el proceso electoral sirvió para simular una institucionalidad democrática que, según esa mirada, no existe desde 2003 y que se profundizó con la constitución plurinacional de 2009.

El texto enumera una serie de elementos que, a su criterio, están ausentes en la Bolivia actual: respeto a los derechos humanos, acceso al poder bajo el estado de derecho, elecciones libres y justas, un régimen plural de partidos y la separación de poderes. Como evidencia, menciona la existencia de más de 200 presos políticos y más de 20.000 exiliados, aunque aclara que solo fueron liberados los casos más notorios.

"Hoy en Bolivia no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia", sostiene el análisis, que atribuye la situación a un modelo impuesto por las dictaduras de Cuba y Venezuela.

Síntomas atendidos, causas pendientes

En su primer año, el gobierno de Paz habría optado por atender algunos síntomas de la crisis en lugar de sus causas estructurales. Entre las medidas mencionadas figuran la falta de gasolina y diésel, la escasez de dólares, operativos antinarcóticos con impulso de la DEA y señales del gobierno de Estados Unidos, además de medidas parciales para eliminar la subvención de carburantes. Esas acciones derivaron en escándalos que, según el texto, evidencian la naturaleza criminal de la estructura estatal.

La apertura a la cooperación internacional en materia antinarcóticos aparece como la diferencia más significativa del año. El análisis la interpreta como una condicionalidad para acceder a financiamientos económicos que Paz habría aceptado. En ese marco se inscriben la captura del narcotraficante Marset y la situación judicial del fiscal general del Estado, Mariaca, y del presidente del Tribunal Supremo, Saucedo, imputados por delitos de narcotráfico.

La narrativa plurinacional, en cuestión

El texto también cuestiona el relato que dividió al país en 36 naciones con el objetivo de generar confrontación. Afirma que ese proyecto fracasó y que la sociedad boliviana se reconoce hoy bajo la idea de "unidad en la diversidad", un tema que, según el análisis, el gobierno no abordó.

La conclusión del diagnóstico es que reponer los elementos esenciales de la democracia es la condición mínima para superar la crisis. Mientras tanto, el gobierno de Paz transita su segundo año con la estructura de poder que, según esta lectura, sigue intacta.