El Senado argentino iniciará sus últimas sesiones ordinarias del período el jueves 19 de noviembre, con la discusión de dos proyectos que podrían cerrar el ciclo legislativo: la incorporación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y la reforma de la ley de discapacidad.
Tratado de Patentes
El Gobierno busca que el 19 sea la fecha en que el Senado dé luz verde al PCT, un acuerdo que Argentina firmó hace décadas y que la Cámara alta aprobó en 1998, pero que sólo ahora vuelve a la agenda tras la modificación del texto en Diputados. La adhesión al tratado es requisito para el entendimiento comercial con Estados Unidos y forma parte de los compromisos del Mercosur con la Unión Europea y EFTA.
"Queremos que el jueves 19 tenga luz verde el Tratado de Patentes", señaló un portavoz de la Casa Rosada.
El sector farmacéutico advirtió que el capítulo II del tratado, que garantiza vigencia de 20 años en todos los países miembros, podría ser usado para el llamado evergreening, una práctica que permite a laboratorios extender monopolios sin aportar mejoras terapéuticas reales.
"El ‘evergreening’ permite a los laboratorios prolongar monopolios sin innovar", alertaron representantes del sector.
Ley de discapacidad
La oposición, compuesta por kirchneristas y dialoguistas, ha dejado clara su intención de aprobar sin demoras la nueva normativa de discapacidad. El oficialismo, pese a las tensiones internas, ha aceptado la mayor parte de las exigencias presentadas por los bloques opositores, lo que ha generado críticas dentro del propio gobierno.
Según fuentes de la Casa Rosada, la iniciativa fue impulsada para evitar que el presidente, a través de un eventual veto parcial o total, pueda bloquear la norma.
Agenda y próximos pasos
Además del debate del 19, se prevé otra sesión el jueves 26 de noviembre. Para el miércoles 25 está programado el primer informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli. Audiencias judiciales están agendadas para el martes 17 y el miércoles 18, y podrían influir en la agenda del 26 si el Ejecutivo envía a tiempo las ternas requeridas por los aliados.
En caso de que alguna de las leyes sea sancionada, el presidente dispondrá de la facultad de vetar total o parcialmente, lo que determinará el destino final de ambas iniciativas.
