El Gobierno nacional amplió la Red Federal de Concesiones y abrió la puerta a que hasta 27 tramos de rutas nacionales pasen a manos privadas para operación, mantenimiento y rehabilitación con cobro de peaje. La decisión quedó formalizada con el Decreto N° 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo declarado es correr el financiamiento de las obras hacia el sector privado y preservar el equilibrio fiscal.

La norma incorpora al régimen de la Ley N° 17.520 caminos que hoy administra el Estado. Cada tramo podrá integrarse, total o parcialmente, a futuros corredores de peaje, siempre que no esté alcanzado por concesiones ya vigentes.

Qué rutas entran en el esquema

En Buenos Aires aparecen la ruta nacional 3 —en el tramo compartido con Chubut y Santa Cruz—, la 22 junto a La Pampa, la 33, la 35 que también cruza La Pampa y Córdoba, la 228 y el acceso A0017. La ruta 9, en tanto, fue incluida por su recorrido por Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy.

El listado se completa con la ruta 11 en Santa Fe, Chaco y Formosa; la 12 en Entre Ríos; la 14 entre Corrientes y Misiones; y la 16 en Santiago del Estero, Chaco y Salta. En la Patagonia figuran la 25 y la 26 en Chubut, más la 237 en Neuquén. En el centro y norte del país se suman la 34 entre Jujuy y Salta, la 38 en Córdoba y La Rioja, la 50 en Salta, la 60 y la 158 en Córdoba, y la 89 entre Chaco y Santiago del Estero. También se incorporaron la 81 y la 86 en Formosa, la 120, 121 y 122 en Corrientes, y la 151 y 152 en La Pampa.

Nueve de esas rutas —3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35— ya habían sido incluidas en etapas anteriores y vuelven a figurar en esta ampliación. La aclaración sobre concesiones vigentes apunta justamente a evitar superposiciones en esos corredores.

Quién maneja la licitación

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, quedó facultado para armar los nuevos tramos con la totalidad o parte de las rutas detalladas en un anexo del decreto. Antes deberá contar con un informe técnico de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

La cartera económica tendrá a su cargo la elaboración y aprobación de los pliegos, la convocatoria a licitaciones públicas nacionales e internacionales, la evaluación de las ofertas, la adjudicación y la firma de los contratos. El decreto establece un plazo de 12 meses desde su entrada en vigencia para concretar los llamados a concurso.

La ampliación se apoya en el esquema de peaje como herramienta para que la inversión en rutas deje de depender del presupuesto nacional. El antecedente inmediato es la Red Federal de Concesiones, creada para transferir al privado la operación y el mantenimiento de corredores viales.