El Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde presentaron una plataforma que reúne información sobre las embarcaciones que operan en el Mar Argentino, la franja de hasta 200 millas desde la costa continental. Según los datos que ambas organizaciones lograron reunir, en esa zona faenan 520 buques registrados. El relevamiento está disponible en registroflotapesquera.org.

La iniciativa apunta a cubrir un vacío: la Subsecretaría de Pesca administra esos datos, pero el país no cuenta con un registro nacional oficial, integral y de consulta pública en línea. Las ONGs sostienen que Argentina es el único país latinoamericano con flota industrial pesquera que no publica esa información de forma abierta.

Qué se puede consultar

La plataforma reúne datos de las embarcaciones, sus propietarios o armadores, los permisos de pesca, las autorizaciones de captura, las cuotas asignadas y el historial de sanciones cuando existe. La información se obtuvo a través de sucesivos pedidos de acceso a la información pública, un mecanismo que, según las organizaciones, presenta respuestas parciales, demoras y datos que quedan desactualizados.

Del total de 520 buques, 80 (15,4%) son poteros, habilitados solo para calamar; 86 son tangoneros, con autorización exclusiva para langostino; y 162 (32%) tienen cuota individual y transferible de captura (CITC) de merluza común. Esas tres especies concentraron en 2025 más del 85% de las exportaciones pesqueras, que superaron los USD 2.000 millones.

Fresqueros, congeladores y barcos sin datos

Por tipo de procesamiento, 270 embarcaciones (52%) son fresqueras, cuya captura se procesa en plantas en tierra. Otras 204 (39%) son congeladoras, con planta de frío y a veces de fileteado a bordo, lo que les permite mareas más extensas y alejadas de la costa. Hay unos 7 buques mixtos y sobre 39 (8%) las organizaciones no pudieron obtener información del Estado.

Los congeladores de más de 100 metros de eslora son los más grandes de la flota. El promedio general es de 36,5 metros, con extremos que van desde embarcaciones casi artesanales de 9,6 metros hasta buques factoría de casi 113 metros.

La deuda de transparencia

Las organizaciones remarcan que Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay y otros países de la región tienen registros públicos en línea de sus flotas. En Argentina, en cambio, acceder a esos datos exige presentar pedidos formales que no siempre se responden en tiempo y forma.

"Es una demostración de que si la sociedad civil, con recursos limitados, pudo construir este registro, no hay razón para que el Estado —quien produce y administra estos datos— no pueda hacerlo mejor, de forma oficial, completa y actualizada", señalaron desde CPA y SANHV.

La falta de transparencia, advierten, tiene efectos concretos: complica detectar vínculos entre operadores y pesca ilegal y limita el seguimiento independiente de un sector que exporta el 97% de su producción. La plataforma busca, según sus impulsores, distribuir la capacidad de control sobre un recurso estratégico que el Estado administra y asigna.