El Ministerio de Justicia cerró un sumario administrativo sobre el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rosario N° 12 y concluyó que su entonces responsable, Alejo Uribe Escobar, retuvo fondos que debían ingresar al Estado nacional por más de 82 millones de pesos. La decisión quedó plasmada en la Resolución 559/2026, publicada en el Boletín Oficial, que además dispuso dejar constancia de la sanción en el legajo del exfuncionario y habilitó las acciones administrativas y judiciales para intentar recuperar el dinero.

El expediente se había abierto en 2024, con la Resolución N° 224/2024, para establecer si el titular del registro santafesino tenía responsabilidad en el manejo de esos remanentes. La investigación se concentró en las liquidaciones de marzo, abril y mayo de 2024: según la normativa, el remanente mensual debe depositarse dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre del mes en que se percibió, algo que, de acuerdo con la resolución, no ocurrió.

La renuncia no frenó el expediente

Uribe Escobar dejó el cargo antes de que el sumario llegara a su fin; su dimisión fue aceptada mediante la Resolución N° 310/2024. En ese marco, el exfuncionario pidió anular el trámite y argumentó que la aceptación de su renuncia le impedía recibir una sanción disciplinaria o cargar con una remoción virtual en su legajo. También sostuvo que continuar con el proceso podía generarle un perjuicio moral y económico.

El Ministerio rechazó esos planteos. La resolución señala que desvincularse del puesto no interrumpe la investigación, sobre todo cuando se investiga un posible daño al patrimonio estatal. Para respaldar esa postura, citó doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación: anotar la sanción que habría correspondido no es una pena en sentido estricto, sino una previsión por si la persona vuelve a ejercer un cargo público.

El expediente también indica que Uribe Escobar tuvo acceso a las actuaciones y pudo ejercer su defensa: consultó la documentación y pidió instrumentos que estaban en el registro. Para el Ministerio, sus garantías no se vieron afectadas.

La defensa y los argumentos que no prosperaron

En sus descargos, el exencargado afirmó que había sido víctima de una "persecución política" y atribuyó la falta de depósitos a una situación económica que, según su versión, golpeaba al Registro Seccional de Rosario N° 12 y al sistema registral en su conjunto.

La instrucción analizó la prueba que presentó la defensa y no encontró respaldo para esa hipótesis. Tampoco se acreditó un deterioro generalizado de los registros seccionales que justificara el incumplimiento de las obligaciones de depósito. La resolución remarcó, además, que el derecho de retención del ámbito privado no puede ser aplicado de forma unilateral por quienes cumplen funciones públicas.

El caso se suma a otros controles sobre el funcionamiento de los registros automotores y el giro de fondos al Estado nacional. Con la sanción ya asentada y el camino judicial habilitado, la pelota queda del lado de las áreas competentes para avanzar en el recupero de los más de 82 millones de pesos.