La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó una denuncia penal contra la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, y su antecesor, Eduardo Rodríguez Chirillo, por presuntamente haber dejado operar en el país a una petrolera que arrastraba una prohibición legal. La acusación quedó radicada en los tribunales de Comodoro Py el 29 de septiembre y el juez Ariel Lijo ya ordenó medidas para reunir documentación sobre la firma involucrada.

El eje del caso es Harbour Energy, sucesora de Premier Oil, compañía que fue sancionada por haber realizado tareas hidrocarburíferas cerca de las Islas Malvinas sin permiso del Estado argentino. Esa sanción le impedía operar en el país por 15 años, un plazo que se extiende hasta 2028.

La tesis de la fiscalía

Para la PIA, Harbour Energy y Premier Oil son "la misma persona" y la Secretaría de Energía tenía en su poder papeles que lo demostraban. Aun así, según la denuncia, la empresa pudo concretar "negocios de una magnitud extraordinaria" en el sector, controlar de forma indirecta licencias en Vaca Muerta y en la Cuenca Marina Austral, y quedarse con contratos de empresas públicas.

El titular de la fiscalía, Sergio Rodríguez, aclaró que por ahora no hay pruebas de pagos ni beneficios personales para los funcionarios. Sin embargo, sostuvo que la repetición de las irregularidades y el volumen económico de los negocios habilitados obligan a investigar si hubo algún acuerdo oculto.

"No resulta lógico suponer que los funcionarios de la Secretaría de Energía hayan incumplido su deber de aplicar la ley 26.659 de manera flagrante y reiterada para favorecer a una empresa extranjera sin recibir nada a cambio", plantea la presentación.

Además de Tettamanti y Rodríguez Chirillo, la denuncia alcanza a Horacio Federico Veller, subsecretario de Combustibles Líquidos, que firmó la reinscripción de Harbour Energy Argentina Limited en el Registro de Empresas Petroleras el 26 de diciembre de 2024. También figura un apoderado de la firma, señalado por haber omitido datos en ese trámite.

Cómo llegó el caso a la Justicia

La investigación de la PIA arrancó con una denuncia de la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, también había reclamado explicaciones públicas a los ministros Luis Caputo y Pablo Quirno a comienzos de septiembre, y advirtió que la sucesora de Premier Oil había accedido a los beneficios del RIGI.

El tema escaló en paralelo a un anuncio del presidente Javier Milei. El 3 de septiembre, por cadena nacional y con todo su gabinete detrás, presentó un plan para endurecer las penas contra las empresas que operen sin autorización en la zona de Malvinas.

"Vamos a desplegar todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía", dijo entonces.

Los delitos que la fiscalía evalúa imputar son incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el cargo. La causa quedó a cargo de Lijo tras el sorteo, y el fiscal Carlos Stornelli pidió las primeras diligencias probatorias. Hacia el cierre de esta nota, ni la Secretaría de Energía ni Harbour Energy habían respondido a los pedidos de comentario.