Una imagen capturada en los últimos días muestra un cartel al costado de una ruta importante de la zona de granos que invita a los camioneros a adquirir Cartas de Porte. El documento, que oficialmente se descarga gratis desde la página de la AFIP, es requerido por la autoridad para validar el origen y destino de la carga.

Origen y evolución del documento

Las Cartas de Porte surgieron como formularios impresos regulados por organismos como la Junta Nacional de Granos y la Secretaría de Agricultura. Entre 1990 y 2008 se utilizó un sistema físico que permitía su compra en bolsas de cereales de Buenos Aires, Rosario y la Federación Agraria Argentina, fuente de ingresos para esa entidad.

Cambios regulatorios y digitalización

El conflicto agropecuario de 2008 provocó una reforma: mediante la Resolución Conjunta 2595/2009, impulsada por Ricardo Echegaray, el Estado tomó el control exclusivo de la emisión y eliminó los formularios impresos. Desde entonces la Carta de Porte se solicita de forma gratuita mediante clave fiscal y el Código de Autorización de Traslado de Granos (CATG). Posteriormente, la Resolución General 4310/2018 del SISA vinculó la autorización a requisitos como el scoring fiscal y la superficie sembrada declarada, consolidando una base de datos agrícola nacional.

Venta informal en la ruta

A pesar de la digitalización, en la carretera aparecen letreros que promueven la compra del documento. Uno de ellos combina la oferta de "Duchas con agua caliente" con la inscripción "Cartas de Porte". > "Duchas con agua caliente"

Los conductores que no disponen de la Carta oficial pueden ser detenidos por la policía, que verifica el documento para descartar transporte de granos robados o comercializados en negro. La práctica de vender copias falsas persiste como una forma de obtener rápidamente el papel requerido, aunque su legalidad sea nula.

El fenómeno refleja la brecha entre la normativa digital y la realidad de los operadores en ruta, que aún dependen de soluciones rápidas para cumplir con los controles policiales.

En vista de la creciente informatización del sector, las autoridades podrían reforzar la fiscalización de estos puntos de venta informales para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.