Cuba dio un paso importante al suscribir, en el marco de la COP31 (del 9 al 20 de noviembre de 2026) en Atalaya, Turquía, un Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y el Global Carbon Council (GCC), entidad certificadora con sede en Catar. El acuerdo permite que proyectos cubanos que reduzcan emisiones puedan ser validados y transformados en créditos negociables.
Objetivo del acuerdo
El objetivo es convertir la reducción verificable de gases de efecto invernadero en un activo convertible en divisas, una necesidad urgente ante la escasez de combustible, alimentos y energía que atraviesa la isla. Cada crédito representa, en términos generales, una tonelada de CO₂ no emitida o retirada de la atmósfera y puede ser adquirido por empresas o gobiernos que buscan compensar sus propias emisiones.
"Agradecemos el acompañamiento del GCC y vemos oportunidades en este mecanismo", afirmó el viceministro primero del CITMA, Rudy Montero.
Marco regulatorio cubano
En septiembre de 2025 la Resolución 106/2025 del CITMA, publicada en la Gaceta Oficial, estableció la arquitectura normativa que regula todas las fases del mercado de carbono en Cuba. La norma contempla tanto el mercado voluntario como el regulado, y designa al CITMA como la Autoridad Nacional Designada, encargada de dirigir y controlar las operaciones, registrar transferencias y gestionar la cancelación de créditos.
Retos y perspectivas
Para que los créditos generen ingresos, Cuba deberá identificar proyectos que demuestren reducciones adicionales, someterlos a procesos de monitoreo y verificación, y conseguir compradores internacionales. El GCC, creado en 2016, cuenta con una cartera que incluye energía renovable, captura de metano, reforestación y mejoras en la eficiencia energética, lo que brinda a La Habana una variedad de posibles líneas de acción.
Aun cuando la firma del memorando no garantiza ingresos inmediatos, representa la primera aproximación de la isla a una plataforma global que certifica reducciones de emisiones y permite su comercialización bajo la supervisión del Estado.