La Justicia Federal de Río Gallegos reconstruyó una red que, según la investigación, permitió a Lázaro Báez seguir administrando desde la cárcel los bienes que le fueron decomisados en causas por corrupción. El empresario, que cumple una condena de 15 años de prisión, habría dado las órdenes desde un teléfono del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y ocupaba lo que los fiscales describen como la "conducción ejecutiva" de la organización.

La causa, bautizada Coirón por una planta de la estepa patagónica, documentó movimientos de fondos por unos $390 millones en los últimos ocho meses. Los datos se expusieron en una audiencia ante el fuero federal de Río Gallegos, a la que Báez y el resto de los detenidos asistieron por videoconferencia.

Una estructura estable, no hechos aislados

Para la fiscalía no se trata de episodios sueltos. La hipótesis central es que existió una organización estable, encabezada por Báez, dedicada a poner en circulación bienes de origen ilícito que debían permanecer bajo control judicial. En esa estructura participaron al menos 12 personas imputadas.

El martes, la celda del empresario en el pabellón de Ezeiza fue allanada y quedó incomunicado. Fuentes judiciales confirmaron que le secuestraron cuadernos con anotaciones sobre operatorias de dinero, alquileres de campos, rentas de galpones y departamentos, y otros inmuebles alcanzados por el decomiso. Con esos registros habría logrado esquivar el control de la Justicia.

Allanamientos y primeras detenciones

El hallazgo en la celda se produjo junto a 27 allanamientos simultáneos realizados el mes pasado en Río Gallegos, El Calafate, dos estancias y la ciudad de Buenos Aires. Los procedimientos se enmarcan en dos causas conexas que investigan lavado de dinero y narcotráfico, con nombres que se repiten en ambas.

Las primeras detenciones ocurrieron en el Aeropuerto de Ezeiza, cuando Claudia Insaurralde —pareja de Báez— y Cristian Sebastián Ibáñez con su pareja llegaban en un vuelo desde Río Gallegos. Quedaron incomunicados y se les secuestraron cuatro valijas de gran tamaño.

El juez federal Claudio Vázquez consideró que existían riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la pesquisa, sobre todo ante los allanamientos previstos para las 6 de la mañana del martes siguiente. Por eso ordenó las detenciones y habilitó los procedimientos simultáneos pedidos por la Unidad Fiscal de Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Cómo se conectan las causas

La investigación por lavado se originó el 25 de septiembre a partir de escuchas telefónicas de un imputado en una causa por narcotráfico que se comunicaba con Báez. El vínculo entre ambos expedientes se apoya en varios indicios: el uso de un Ford Mondeo del empresario, el relato de un imputado sobre una inspección de maquinaria "del tío Lázaro" en Corrientes y un camión Scania secuestrado el 24 de septiembre en el control de Güer Aike, en el ingreso a Río Gallegos, con documentación apócrifa.

Báez construyó su patrimonio al calor de la obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La causa Coirón busca ahora determinar cómo esos bienes, ya bajo decomiso, siguieron generando rentas mientras su dueño estaba preso.